¡Qué importante es la salud mental!

 Imagen de www.porlavidasaludable.com

Según una encuesta realizada el pasado mes de enero por la plataforma de empleo InfoJobs: “(…) el 73% de los trabajadores señala que la inflación o el aumento generalizado de los precios de productos y servicios tendrá un impacto en el mercado laboral español, (…)” Esta es para esta entidad líder en su sector, la principal preocupación que tienen las personas trabajadoras de nuestro país, a la que hay que añadir la crisis del sector energético y la amenaza continua de la COVID-19 en Europa, que no acaba de desaparecer.

Junto a estas inquietudes fundamentales no hay que olvidar el resto de las zozobras que siempre acompañan a los empleados; la precariedad en el empleo, los bajos salarios, el exceso de trabajo, la desconexión digital, etc.

Si las juntásemos todas en un mismo lote, observaríamos que el resultado de la combinación de todos estos elementos contribuye a un constante deterioro de la salud mental de la persona trabajadora, que termina afectando tanto al propio trabajador como a la organización a la que pertenece. De ahí la necesidad de que exista una legislación sobre salud mental que suponga un reconocimiento frente a una patología en la mayoría de las veces invisible.

En septiembre de 2021, bajo el amparo de que se trata de un mandato constitucional, se presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para hacer este drama más visible. La Constitución de 1978 (en adelante, CE 1978), en su artículo 43 expresa que la protección de la salud es un mandato de los poderes públicos encargados de organizar la sanidad pública con medidas preventivas y prestaciones necesarias adecuadas para una protección integral de la salud. Incluso en el artículo 49, insta a las administraciones públicas a realizar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con problemas de salud.

Resulta curioso que esta Proposición de Ley haya sido presentada por una formación minoritaria y no por los grandes partidos que vienen copando el poder ejecutivo y legislativo desde la entrada de la CE de 1978.

La legislación posterior dictada bajo el amparo constitucional, como la Ley 14/1986, General de Sanidad, recalca que son las administraciones públicas las obligadas a promover y mejorar la salud mental. Así mismo, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ha hecho hincapié en incluirla como una prestación más de la atención primaria y atención especializada.

Así mismo, el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 19 obliga a las personas trabajadoras a observar la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, y faculta al empresario para verificar el estado de salud de sus empleados como forma de supervisar las ausencias al trabajo o ante posibles cambios de puesto de trabajo de empleados que realicen tareas nocturnas, entre otras, de las que puedan derivar estos problemas de salud.

Las consecuencias que supone tener a empleados de una plantilla en situación de baja por Incapacidad Temporal originada por una cuestión de salud mental suponen un gran coste social y económico para la organización. Son patologías que no podemos conocer su duración, sus consecuencias y si la recuperación va a ser total. Además, aunque puede afectar a cualquier persona en edad de trabajar suele estar más presente en personas que acumulan una dilatada experiencia profesional y cuya sustitución en la empresa es complicada, por el hecho de que constituye un capital humano insustituible, y porque su relevo supone consecuencias indemnizatorias cuantiosas.

Indemnizaciones que no sólo tiene su alcance en el ámbito empresarial, sino que se trasladan al sector público, aumentando el gasto social presupuestado por el Gobierno. Provocando un aumento del gasto público en general y el incremento de la carga impositiva al resto de ciudadanos. Cuyas consecuencias directas las sufren también el resto de personas en edad de trabajar, pasando a ser un círculo vicioso que impide el crecimiento del país y la pérdida de competitividad frente al resto de países de nuestro entorno.


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